El desarrollo integral de los pueblos indígenas en Costa Rica ha sido una aspiración históricamente postergada. Esto se refleja en una legislación inadecuada y anacrónica y en un lento proceso para modernizar la legislación.

Sin embargo, el 9 de noviembre el 2005, la Comisión de asuntos sociales de la Asamblea Legislativa, aprobó la “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”. Este proceso legislativo ha durado 4 años, pero los antecedentes se remontan a la Ley Indígena (Ley No. 6172, de 1997), la cual ha sido inoperante, no contiene el concepto de desarrollo integral y sostenible que ahora se reivindica y que expresamente señala el mandato 51 de la Cumbre de Mar del Plata.

Las condiciones para el desarrollo de los pueblos indígenas en Costa Rica son sumamente precarias, se carece de marco legal adecuado y moderno, no se han realizado consultas ni se ha buscado la incorporación de las comunidades indígenas al desarrollo del país; a su vez, las comunidades indígenas han sido excluidas de oportunidades. Esto se debe, entre otras razones, a la falta de este marco legal adecuado dado que los legisladores han priorizado otros temas nacionales y a que  tampoco hay legisladores indígenas que defiendan sus  intereses.

También, estructuras burocráticas han suplantado las organizaciones indígenas legítimas y se ha estimulado la división de sus líderes. Los pueblos indígenas no han tenido acceso a formación y capacitación adecuada y sistemática. Tampoco, se ha considerado para el desarrollo de los territorios indígenas, la particularidad de su economía.

El proyecto Seguimiento a la consulta a comunidades indígenas y apoyo a la aprobación en el seno de la Asamblea Legislativa de la “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, busca el fortalecimiento de organizaciones sociales para lograr una verdadera incidencia y sensibilización sobre el problema indígena, así como en las bondades y el alcance de ese proyecto de Ley.

Este proyecto tiene como referente directo el mandato 51 de la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata Argentina, el 4 y 5 de noviembre del 2005, el cual expresamente señala:

Promover un diálogo permanente respetuoso y constructivo con los pueblos indígenas y desarrollar políticas para crear las condiciones necesarias que faciliten su desarrollo integral y sostenible, el acceso al trabajo decente y condiciones de vida que permitan superar la pobreza, en pleno respeto a sus derechos. 

En Costa Rica, este nuevo proceso legislativo incluye una consulta formal con los pueblos indígenas, lo que abre importantes proyecciones y expectativas sobre la posibilidad de que una nueva Ley sea aprobada.  

 
La Mesa Nacional Indígena, MNI, y la Fundación por los derechos humanos en Centroamérica, FUNDEUCA, son las organizaciones del consorcio que junto a FUNPADEM y al apoyo de la agencia internacional Compañeros de las américas, están al frente de este proyecto.

 


El marco jurídico que rige a los pueblos indígenas en Costa Rica responde a un movimiento internacional conocido como “indigenismo”, fomentado en el contexto de los movimientos de descolonización y de promoción de los derechos humanos, posterior a la segunda guerra mundial. Este proceso se inició en Costa Rica, durante el gobierno de Teodoro Picado, en 1946, cuando se estableció la Junta de Protección a las Razas Aborígenes, en seguimiento de las doctrinas indigenistas de la Organización de Estados Americanos, OEA. De esta manera se generaron las primeras reservas indígenas. No obstante lo anterior, el deterioro de los pueblos indígenas fue evidente.

A partir de 1970 se inició una nueva política indigenista. Por Ley No. 5251, del 20 de julio de 1973 se creó la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) que paulatinamente fue desnaturalizada y objeto de recelo y particularmente de repudio por las comunidades indígenas dada su politización y distanciamiento real de los intereses de los pueblos indígenas. Mas aún, esta ley supone que el 1% del presupuesto del país, debe ser entregado para el desarrollo de los pueblos indígenas, pero CONAI, ha sido incapaz de lograr el cumplimiento de esa disposición legal.

En consecuencia y en claro reconocimiento a esta situación, se gestó en el seno de la Asamblea Legislativa, particularmente en la Comisión de Asuntos Sociales de este poder del Estado, la iniciativa para promulgar una ley que permitiera el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas.

Luego de un amplio y complejo proceso una versión final de este proyecto de ley recibió la votación unánime de la Comisión de Asuntos Sociales y, como se ha señalado, incluye un proceso de consulta con las comunidades interesadas.

El objetivo de este proyecto de Ley es el de definir y establecer un marco para el desarrollo autónomo de ocho (8) pueblos indígenas  y definir el marco de las relaciones entre las comunidades indígenas y el Estado costarricense, de acuerdo con la Constitución Política, los convenios internacionales y la legislación nacional, estableciendo para ello normas en los campos de la educación diferenciada, la salud, la defensa del ambiente, la sostenibilidad, el ordenamiento de la tenencia de la tierra, el establecimiento de sistemas de crédito, programas de infraestructura y vivienda, entre otros.